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PARA SABER MÁS · 1989–2016

Pedir prestado era fácil: los intereses de los bonos de Puerto Rico no pagan contribuciones.

Por qué el gobierno y la AEE encontraron compradores para tanta deuda. Como en el resto de la historia, no reparte culpas: cuenta qué dice la ley, cómo se usó y qué costó.

Qué dice la ley: Desde la Ley Jones de 1917, los bonos que emite el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias (incluida la AEE) no pagan contribuciones federales, estatales ni locales a quien cobra sus intereses (48 U.S.C. § 745). Por eso se le llama «triple exención».
Qué la hace especial: Un bono municipal normal solo queda libre de la contribución estatal para quien vive en el estado que lo emitió: un inversionista de Massachusetts paga contribución estatal por un bono de Kentucky. Los de Puerto Rico quedan libres para cualquier residente de EE.UU. Los otros territorios de EE.UU. tienen el mismo trato.
Lo que se buscaba: Darle a un territorio pequeño acceso al mercado de bonos de todo el país, para financiar inversión y tener liquidez.
Cómo se fue separando: El trato hizo los bonos de Puerto Rico muy atractivos: hasta fondos municipales de estados como California y Kentucky los compraron. Con tanta demanda, el gobierno pudo financiar sus déficits con deuda; el GAO cuenta esa demanda entre los factores que lo permitieron. Y prestar evitaba cada año un alza visible de la tarifa.
Lo que costó: Según el GAO, unos $70 mil millones en deuda y unos $50 mil millones en pensiones sin fondos. Desde agosto de 2015, Puerto Rico dejó de pagar más de $1,500 millones. La exención beneficia los intereses que se cobran; no garantiza que se paguen.
Más contexto: Cambiar este trato no es sencillo, según el GAO: quitárselo a quienes viven fuera podría bajar la demanda por la deuda, pero también la capacidad de Puerto Rico de pedir prestado para inversión y liquidez. Es una ley federal.
Fuentes: 48 U.S.C. § 745; GAO-18-387; EconoFact, «Puerto Rico’s Debt Trap»; CFR; VanEck (mayo 2026). · Cámara de Comercio de PR · Borrador para discusión