Cada decisión resolvió algo en su momento. La cuenta llegó después.
Esta historia no reparte culpas. Cada paso tuvo una razón comprensible y un resultado a corto plazo que parecía bueno. Cada episodio se cuenta en un párrafo; en «Para saber más» está lo que se buscaba, cómo el resultado se fue separando de lo buscado y lo que costó después.
En 1941 el gobierno crea una corporación pública, la Autoridad de Fuentes Fluviales, para llevar luz a todo el país y sostener la industrialización. Desde el inicio tuvo dos trabajos: vender luz y servir a la política de desarrollo del gobierno.
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Para extender Manos a la Obra, se apuesta a la refinación de petróleo en la costa sur (CORCO, 1954–1982), y allí se ubican también las grandes centrales de la AEE. La refinería cerró después del embargo de 1973; las centrales, que queman combustible importado, se quedaron. Para curiosos: la apuesta del petróleo →
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Cuando el precio del petróleo se dispara en 1973, la AEE protege a cerca del 70% de los hogares y les sube la tarifa a los demás. El subsidio se paga dentro de la propia empresa, que queda con menos dinero para mantener y reemplazar plantas. En 1979, el 98% de la luz venía del petróleo.
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Para mantener la luz asequible, la tarifa base no sube en 27 años. La diferencia se cubre pidiendo prestado, y parte de esa deuda paga gastos del día a día, no inversión: para 2012 la AEE debía más de lo que tenía y su inversión era menos de la mitad de la de empresas parecidas. Pedir prestado era fácil: los intereses de los bonos de Puerto Rico están libres de contribuciones para cualquier inversionista de EE.UU., y había mucha demanda. Para saber más sobre la exención →
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Los descuentos a hogares de menos ingreso y la luz a los municipios se cobran en la factura en vez de aprobarse en el presupuesto. Los pagan los demás clientes por kWh, unos $350 millones al año (AF2013), y las cuentas de la AEE mezclan el costo de dar luz con el de la política social.
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Cada gobierno nuevo nombra unos 200 gerentes de confianza para ejecutar su programa. Pero las plantas y el mantenimiento duran más que un cuatrienio: 10 directores en una década y unos $192 millones en obras canceladas «sin utilidad», según el Contralor.
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En 2014 se acaba el crédito. Se crea un regulador para sacar las tarifas de la política y, en 2016, el Congreso aprueba PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal para reestructurar una deuda que el gobernador llamó «impagable». Desde entonces, muchas decisiones de energía pasan por la Junta.
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En julio de 2017 la AEE se acoge a la quiebra, con una deuda de unos $9,000 millones. Dos meses después, María destruye cerca del 80% de una red que ya llegaba con poca inversión. Casi diez años después no hay acuerdo con los bonistas.
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Para tener gestión privada especializada sin despedir a nadie, LUMA toma la red y Genera las plantas, y 3,725 empleados pasan a otras agencias. El retiro de la AEE, que ya tenía un déficit grande, se queda casi sin quien aporte: en 2023 se queda sin fondos y, desde 2025, las pensiones se cobran en la factura.
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Se protege a quien puso placas, se extiende el carbón hasta 2032 para tener luz firme y se cobra el combustible ya quemado. Con menos kWh comprados a la red, los costos fijos se reparten entre menos clientes, y la factura llega al récord de 33.9¢ por kWh.